Dentro del contexto de los Derechos Humanos, la judicialización de los delitos de lesa humanidad en Ayacucho es un tema pendiente que se viene arrastrando desde los años ochenta, gobierno tras gobierno, unos más que otros aportaron en favor o en contra de este proceso.
Las limitaciones presupuestales, es lo que el actual presidente de la junta de fiscales de Ayacucho, manifestó en una ponencia sobre la judicialización; este hecho se puede corroborar si frecuentemente se visita a las fiscalías supraprovinciales en donde muchas veces sólo se encuentra a los asistentes administrativos, quienes limitados por la legalidad muy poco pueden hacer frente a diligencias propias del fiscal o su adjunto; por otro lado si uno visita el laboratorio forense, se encuentra con un cronograma bastante ajustado por los trabajos de laboratorio programados, además de la responsabilidad de llevar acabo las diligencia de exhumación junto con el fiscal fuera de la ciudad y por muchos días por la lejanía.
La denuncia sobre violación grave a los Derechos Humanos, se ha incrementado estos últimos años, según refiere el presidente de la junta de fiscales, pero no así el personal para atenderlos, es por ello que cada vez más se acorta el tiempo que el fiscal y sus adjuntos presta para cada investigación.
Por otro lado el no nombramiento de personal en la fiscalías, genera una incertidumbre de estabilidad, ya que ante cualquier acto administrativo se  cambia al personal titular y asistentes que apoyan en las investigaciones quitando continuidad e ilación en los procesos de investigación; en el caso Putis desde su apertura han pasado cuatro fiscales.
Los familiares y las víctimas cada vez más sienten la revictimización en los procesos de investigación fiscal, ya que como en el caso Putís desde que se denunció en el año 2001 a la fecha aun continua en investigación, es decir estamos hablando de 10 años de investigación fiscal, sin contar que los hechos ocurrieron en el año de 1984, además muchos de familiares de los agraviados fallecieron sin alcanzar justicia.
Comprendiendo las dificultades expuestas por la fiscalía, creemos que 10 años de investigación fiscal es demasiado como para no tener resultados, más aún que todas las diligencias como el proceso de exhumación, declaraciones de testigos, militares y  pruebas documentales ya se han llevado acabo. La última ampliación de la investigación que se realizó fue en abril de 2011 a la fecha más de 150 días en despacho del fiscal y no hay resultados.
Todos los hechos antes mencionados nos llegan a concluir que que existe desidia de los gobiernos de turno que se manifiesta claramente en las actuaciones fiscales y que postergan cada vez más la justicia para Putis; constituyendo estos hechos una violación flagrante a los Derechos Humanos.

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